PROPONEN DESTITUIR AL SECRETARIO DE ECONOMÍA, RUIZ MATEOS: PRI, PRD, PT, PVEM Y CONVERGENCIA

* INTRODUCE 250,000 TONELADAS DE AZÚCAR CON ARGUMENTOS FALSOS.
* CONFLAGRA CONTRA LA CADENA PRODUCTIVA DEL AZÚCAR E IMPORTA SIN CONSULTAR.
* DEJA A LA CADENA CON MÁS DE UN MILLÓN DE TONELADAS DE AZÚCAR EN BODEGAS QUE SE DEBERÁN VENDER EN EL MERCADO EXTERNO, POR IMPORTAR 600,000 TONELADAS DE AZÚCAR Y 700,000 TONELADAS DE FRUCTUOSA.
* DAÑO CUANTIOSO A LA CADENA PRODUCTIVA: CAÑEROS, DISTRIBUIDORES, OBREROS E INDUSTRIALES.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A DESTITUIR AL SECRETARIO DE ECONOMÍA, POR AFECTAR LA ECONOMÍA POPULAR, LA PLANTA Y CADENA PRODUCTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR.


Los que suscriben, senadores Juan Fernando Perdomo Bueno, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Eugenio Govea Arcos, Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Maria Cruz García Sánchez, Francisco Alcibíades García Lizardi y Ericel Gómez Nucamendi, integrantes a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, a través del cual se exhorta al Titular de la Administración Pública Federal a destituir al Secretario de Economía, por afectar la economía popular, la planta y cadena productivas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

Del principio de legalidad, contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende para los gobernados la obligación de poder hacer todo aquello que no esté prohibido por una disposición jurídica y para las autoridades, el que éstas sujeten su desempeño, escrupulosamente, a lo que les faculta la ley.

De conformidad al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracción II, a la Secretaría de Economía corresponde regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; establecer de acuerdo con la fracción III la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes; y en base a las fracciones XVI y XVIII impulsar, en coordinación con las dependencias centrales o entidades del sector paraestatal que tengan relación con las actividades específicas de que se trate, la producción de aquellos bienes y servicios que se consideren fundamentales para la regulación de precios, así como también organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los productos y servicios.

Si tomamos en consideración que la Secretaría de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de febrero, dos Acuerdos por los que se dan a conocer, en uno, el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar y en otro específicamente el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar originaria de la República de Nicaragua, ambos en 2010, resulta evidente que dichos acuerdos contravienen las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a las que he hecho referencia, ya que las motivaciones a las que alude el titular del ramo, contenidas en los “considerandos” de los acuerdos referidos no son ciertos y han afectado a la cadena productiva del azúcar y a los consumidores y constituyen un atentado a la economía popular.

Esta afirmación tiene sustento porque el Titular del Ramo antes de la emisión de los acuerdos referidos, tenía pleno conocimiento de que los inventarios de azúcar con que contábamos los mexicanos a fines de enero, eran del orden de 823,000 TM, cantidad suficiente para cubrir la reserva estratégica para proteger el consumo, incluso nos quedaban sobrantes más allá de las reservas necesarias, como se acredita con el cuadro anexo.1

Asimismo la zafra llevaba tan sólo dos meses de operación y sin sustento técnico alguno, el Secretario de Economía hacía conclusiones de que habría faltante en el abasto.

Al propio tiempo emitió los acuerdos referidos faltando a su deber como servidor público porque tomó una decisión unilateral, ignorando a los integrantes de la cadena agroindustrial para examinar un problema que sólo existió en su imaginación, lo que se corrobora también con la petición que hizo a la COFEMER de no abrir la información del cupo, con la finalidad de ocultar sus acciones a los actores de la industria ni siquiera al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, de la cual es miembro propietario de la Junta Directiva.

Cabe destacar que la afirmación contenida en los acuerdos referidos, en el sentido de que el déficit mundial de azúcar durante el ciclo azucarero 2008/2009 haya conducido al consumo de los inventarios, afectando los niveles de inventario inicial del ciclo azucarero 2009/2010, y que este mostrara mínimos históricos impactando los precios internacionales de azúcares, llevándolos también a rebasar los niveles máximos históricos, como se indica en los acuerdos referidos, no está objetivamente acreditada; ni tampoco se demuestra el argumento relativo a que los inventarios de azúcares y/o edulcorantes en México hayan resultado afectados con niveles mínimos en el mes de enero, y que, a cuatros meses de iniciada la producción de azúcar se observaba un diferencial entre la producción real y el programa de producción estimado por la agroindustria azucarera, lo cual apuntaba hacia fuertes presiones en el abasto y precio de este edulcorante, lo que constituye también una omisión constitucional de trascendencia por no fundamentar y motivar conforme lo manda el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad.

Tomando en consideración lo anterior, resulta evidente que el Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, deliberadamente emitió dos acuerdos plagados de mentiras y no reparó en que su publicación y refrendo podría atraerle consecuencias de carácter penal y administrativas, ya que por una parte la Ley Fundamental en su Titulo Cuarto y su Ley Reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Penal Federal, establecen sanciones que van desde la destitución del puesto, la inhabilitación y la prisión, entre otras, a los sujetos, que como el Secretario de Economía, atenten contra la economía popular.

Ello es así porque el artículo 253 del Código Penal Federal señala que son delitos contra la economía pública, el consumo y la riqueza nacionales, los actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y que serán sancionados con prisión y multas entre otros, los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, que consistan en, indica en su inciso b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.


Al respecto, cabe señalar que el Secretario de Economía, quiso aparentar un déficit en la producción de azúcar en México, como se acredita plenamente con los acuerdos multicitados, los cuales al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación adquieren el carácter de prueba plena y constituyen hechos notorios para los legisladores que no podemos dejar de valorar.

De los expuesto resulta evidente que el Secretario de Economía podría ser sujeto de responsabilidades penales y administrativas, ya que desplegó su conducta de acción, autorizando la importación de azúcar, ubicándose, al hacerlo, en el artículo 13 fracción II del Código Penal Federal que señala como autores o partícipes del delito a los que lo realicen por sí, ya que su proceder, en contra de la economía popular, lo realizó el propio Gerardo Ruiz Mateos, actuando como autor inmediato, toda vez que deliberadamente, empleando información falsa, pretendió justificar la entrada de azúcar de importación al país, arguyendo un déficit en la producción y, por tanto, la necesidad de regular el mercado para “evitar el alza de precios al consumidor” sin embargo, tenía conocimiento pleno de que había edulcorantes del orden de más de 6 millones de toneladas, por encima de la demanda interna, lo que creó un daño a la cadena productiva de la caña de azúcar.

Y peor aún, no se alcanzó uno de los objetivos primordiales que era estabilizar-y hasta reducir- el precio del azúcar para el consumidor en los anaqueles, pero si afectó el precio de la caña a los productores, y de azúcar a los industriales.


Esto, en buena medida se debió a que el 75 por ciento de los cupos de importación fueron asignados a comercializadoras ó “traders” que nada tienen que ver con la cadena productiva del azúcar; situación que creó mayor especulación, contrario a su función como Secretario de Economía.

De acuerdo también con lo establecido en los artículos 8 y 9 párrafo primero del Código Penal Federal, se establece que el Secretario de Economía desplegó su conducta de autorización de importación de azúcar de manera dolosa, puesto que sabía que al falsear información sería posible obtener resolución favorable de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el sentido de no publicitar el “Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar en 2010”.

Sabedores de la alta estima que le tiene el Presidente de la República a sus amigos que ha encumbrado en el poder público a pesar de su notoria falta de capacidad para desempeñar el cargo que ostentan varios de ellos, como el mismo Secretario de Economía; y de la ineficacia e impunidad que impera tanto en la Procuraduría General de la República como en la Secretaría de la Función Pública, pero atendiendo a la representatividad que ostentamos los legisladores y el compromiso que tenemos de defender los intereses económicos de la población, es que someto a la consideración de ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo:

Único.- Se exhorta al Titular de la Administración Pública Federal a destituir al Secretario de Economía, por afectar la economía popular, la planta y cadena productivas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
Dado en el recinto de la Cámara de Senadores, 28 de abril de 2010